LA LEY, grupo Wolters Kluwer

Agilización procesal y derechos fundamentales, por José María Asencio Mellado

Primeras reflexiones sobre la experiencia práctica de la implantación de la Oficina judicial en Burgos, por José Luis Gómez Arroyo

La implantación de la Oficina judicial en el contexto constitucional español: un análisis «DAFO» a raíz de la experiencia en la Región de Murcia, por Javier L. Parra García

Estudio sobre problemas detectados en la admisión de demandas por el Secretario Judicial, por Alberto Martínez de Santos

La declaración de rebeldía en el proceso civil, a la luz de la praxis judicial, por Antonio Alberto Pérez Ureña

La ejecución provisional civil tras la reforma operada por la Ley 13/2009, por María Luisa Boticario Galavís

Funciones concretas de cada servicio común y la UPAD desde la presentación de una demanda, por Vicente Magro Servet

Funciones y posición del Secretario Judicial en la Nueva Oficina Judicial, por Francisco Javier Garrido Carrillo

Los intereses de demora y la indemnización de los costes de cobro en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por Isaac Carlos Bernabéu Pérez

La limitación a los intereses y costas de la continuación de la ejecución hipotecaria. El Auto número 111/2010 de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, por Isaac Carlos Bernabéu Pérez

El efecto del dictado de una resolución declaratoria de firmeza en la caducidad de la acción ejecutiva, por Alberto Martínez de Santos

La liquidación de los intereses por mora procesal, por Alberto Martínez de Santos

@TRIBUNAL SUPREMO

 @ Recurso de apelación. Inadmisión por no especificar en el escrito de preparación los pronunciamientos del fallo que se impugnan.

 @ Revisión de sentencia. Desestimación de la demanda por no constar la firmeza de la sentencia impugnada.

 @ Compraventa. Resolución del contrato por impago del precio aplazado. Proceso civil. Denegación de la incorporación de un dictamen pericial de parte solicitada ya iniciada la audiencia previa.

 @ Recurso extraordinario por infracción procesal. Las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, resolviendo el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia, que resuelven devolver las actuaciones a primera instancia para que se dicte nueva sentencia, no son susceptibles de casación ni de recurso extraordinario por infracción procesal, porque no han resuelto en segunda instancia.

@AUDIENCIAS PROVINCIALES

A Coruña

 @ Sentencia. Falta de motivación.

Asturias

 @ Desahucio por precario. No puede apreciarse la existencia del pretendido precario, toda vez que la vivienda se arrienda para con la finalidad de que sirva de vivienda familiar, para ser utilizada por todos los integrantes de la familia, finalidad que no se ve desvirtuada por el hecho de que se haya roto la pareja de hecho que formaban los inquilinos, y continúe residiendo en la vivienda quien no firmó el contrato.

Badajoz

 @ Arrendamiento de obra. Defectos constructivos. Acción dirigida por los compradores de la vivienda contra la promotora. Ha sido correcta la valoración probatoria de instancia en el sentido de entender concurrentes todos los defectos que se denuncian sobre la vivienda.

Cáceres

 @ Consumidores y usuarios. Derecho de desistimiento en contrato de formación vinculado a financiación. Invalidez de cláusulas contractuales. Prueba, valoración. Normativa de protección de derechos de consumidores y usuarios.

Ciudad Real

 @ Acción cambiaria. Pagaré. Oposición basada en la extinción del crédito cambiario. Abono a la empresa a cuyo nombre se había emitido el pagaré. Legitimación activa de la ejecutante como endosataria y tenedora legítima del pagaré.

León

 @ Propiedad horizontal. Impugnación de acuerdos: improcedencia. Caducidad.

Les Illes Balears

 @ Competencia judicial. Desestimación íntegra de demanda, al apreciar de oficio la juzgadora de instancia la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a la jurisdicción contencioso administrativa, sin haber oído a las partes y al Ministerio Fiscal. Nulidad de actuaciones.

Lugo

 @ Tasación de costas. Impugnación por indebidas. Falta de oposición del demandado a la ejecución de la sentencia. Sentencia que declara extinguido el condominio y decreta la división de un inmueble.

Madrid

 @ Quiebra. Reclamación del precio de servicios de paquetería prestados por la entidad declarada en quiebra. Acción ejercitada por la Sindicatura de la quiebra. Acreditación de la deuda.

Málaga

 @ Arrendamientos urbanos. Resolución de contrato de arrendamiento del local de negocio. Subrogación del arrendatario. Los arrendamientos sometidos a la LAU 1964 cuyo arrendatario sea una persona física, se resolverán por la jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local.

Murcia

 @ Divorcio. Modificación de medidas. Alimentos. Solicitud de incremento de pensión de alimentos a favor de hijo mayor de edad.

Navarra

 @ Ejecución hipotecaria. Adjudicación de la finca al banco ejecutante al resultar desierta la subasta, cediendo el remate a una sociedad perteneciente al mismo grupo, por una suma algo superior al 50% del valor de tasación fijado en la escritura de préstamo hipotecario y que no alcanza a saldar la totalidad de la deuda reclamada.

Salamanca

 @ Responsabilidad extracontractual. Caída del demandante en la entrada de un portal que estaba deslizante porque se había fregado y las bajas temperaturas habían helado la superficie.

Toledo

 @ Sucesión hereditaria. Testamentaria. Nulidad de legado, por perjudicar la legítima de los herederos, ante la inexistencia de otros bienes en la herencia.

Valladolid

 @ Tasación de costas. Impugnación por indebidas. Carácter superfluo de la pretensión ejecutiva. Innecesariedad porque lo realmente pretendido era que se tuviera por emitida una declaración de voluntad de la ejecutada por la que reconociera la existencia de un determinado derecho real.

Zaragoza

 @ Responsabilidad civil. Transporte aéreo internacional. Accidente sufrido por el avión que conducía de regreso a España a un grupo de militares destacados en misión humanitaria en Afganistán. Naturaleza civil y no militar del vuelo.

@NORMATIVA EUROPEA

 @ Anuncio 2011/C 34/10. Formación de los jueces nacionales en derecho de la competencia europea y cooperación judicial entre jueces nacionales.

@NORMATIVA ESTATAL

 @ Orden JUS/471/2011, de 23 de febrero, por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de La Canonja (Tarragona).

 @ Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Corea al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 203, de 25 de agosto de 1987), hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

 @ Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

 @ Orden JUS/361/2011, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/3041/2010, de 17 de noviembre, en relación a la fecha de entrada en funcionamiento de unidades judiciales de la Comunidad de Madrid correspondientes a la programación del año 2010.

 @ Acuerdo de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publican los Acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre composición y funcionamiento de sus Salas y Secciones y asignación de ponencias que deban turnar los Magistrados y aprobación de las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala, para el año 2011.

@NORMATIVA AUTONÓMICA

 @ Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja.

 @ Resolución JUS/409/2011, de 8 de febrero, de modificación de la Normativa de la Abogacía Catalana.

 @ Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia.

El artículo 526 LEC establece que «Salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia podrá, sin simultánea prestación de caución, pedir y obtener su ejecución provisional conforme a lo previsto en los artículos siguientes». Esta forma de ejecución provisional sin tener que prestar fianza de ningún tipo viene ocasionando indefensión en los ejecutados que con posterioridad consiguen una revocación total de la sentencia y, a veces, hasta con condena en costas a la parte que ya realizó dicha ejecución. Pues no son pocos los supuestos en los que la parte ejecutada cuando solicita de la ejecutante la devolución del principal, intereses y costas percibidos, se encuentra con que la misma ha dispuesto totalmente del dinero, encontrándose en una situación de insolvencia que le impide hacer frente al correspondiente pago.

Ante esta inseguridad, desigualdad y desequilibrio, nos preguntamos si ha habido algún pronunciamiento jurisprudencial en el que se declare que, en casos determinados, a solicitud de la parte ejecutada, el Juzgador debe acordar la prestación de caución suficiente o cualquier otro tipo de medida de aseguramiento al respecto.

Otra posible estrategia procesal, en los supuestos de clara insolvencia de la parte ejecutante, sería formular oposición a la ejecución provisional (art. 528 LEC), a fin de dilatar la entrega del dinero y estar a la espera de la segunda instancia por si fuera revocada total o parcialmente la sentencia ejecutada provisionalmente. Sin embargo, el art. 530.4 LEC establece la irrecurribilidad del Auto que decida sobre la oposición. Esto limita los efectos de esta estrategia por la reducción del tiempo en la tramitación procesal, salvo que pueda formularse cualquier tipo de recurso contra dicho Auto en la segunda instancia.

A) ¿Existe jurisprudencia que apoye una solicitud al Juzgado para que acuerde que la parte ejecutante preste caución suficiente o cualquier otro tipo de medida con el fin de evitar las consecuencias de la insolvencia de la parte ejecutante?

B) ¿Existe algún tipo de recurso ante la segunda instancia contra el Auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional?

¿Caduca la reclamación de gastos extraordinarios? ¿Cuánto tiempo hay para reclamarlos, cuánto tiempo dura este proceso?

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