LA LEY, grupo Wolters Kluwer

El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y, en su artículo 9, que lleva por título «Adjudicación de puestos de trabajo» dispone que: «Una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de personal laboral de la Administración General del Estado y hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad, podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de plazas dentro del ámbito territorial que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada».

Las previsiones del Real Decreto son de aplicación -según señala su artículo 1.2-a los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en donde no se incluye a los miembros de la Carrera Judicial, por lo que la citada previsión no resulta de directa aplicación a los mismos, siendo necesaria pues una previsión específica para la extensión de sus efectos a los miembros de la Carrera Judicial, razón por la cual se plantea la modificación del Reglamento de la Carrera Judicial.

La modificación que se aborda viene a hacer efectiva y real la previsión contenida en los artículos 9.2, 10, 14 y, más específicamente, en el artículo 49 de la Constitución Española que dispone que: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga especialmente a todos los ciudadanos».

El mencionado precepto se inserta en el capítulo tercero del Título I de la Constitución, dentro de los llamados «Principios rectores de la política social y económica» y, en cuanto tal, supone la imposición de un deber general a todos los poderes públicos de orientar su actuación en el sentido que resulte más adecuado para hacer posible la integración social de las personas con discapacidad y la igualdad en el disfrute de los derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. La imposición de un deber de esta naturaleza puede dar lugar a la necesidad de adopción de medidas específicas concebidas para prevenir o compensar las desventajas sufridas por este grupo de personas y que justifiquen una diferencia de trato, siempre que dicha diferencia de tratamiento se conciba como único medio para garantizar a este colectivo una efectiva igualdad de oportunidades.

Este principio de la diferencia de trato como medio para evitar la discriminación ha sido asimismo acogido en el ámbito del derecho comunitario. En concreto, la Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 vino a establecer un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y en su artículo 4.1 incluye un mandato a los Estados miembros para «... disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 (de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual) no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado».

Los anteriores preceptos constitucionales han sido objeto de desarrollo legal a través, fundamentalmente, de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad que es el instrumento legal que establece el vigente marco de la integración social de las personas con discapacidad, define la igualdad de oportunidades como la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, y contempla la adopción por los poderes públicos de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de las personas con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.

En lo que se refiere al acceso a la función pública, el desarrollo de las previsiones constitucionales ha tenido su reflejo en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y, en la Ley 23/1988, de 28 de julio, que modificó la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, incluyendo en ésta una disposición adicional decimonovena, que prevé un cupo de plazas, no inferior al tres por ciento, en las ofertas de empleo público, para personas con discapacidad. La compatibilidad de esta previsión con el artículo 23.2 de la Constitución fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 269/1994, de 3 de octubre, que considera que la reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo, no solo no es en sí misma contraria a la igualdad, sino que la hace posible y efectiva.

Posteriormente, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, dio nueva redacción a la citada disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, introduciendo en la oferta de empleo público de cada año la reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, de modo que dicho colectivo llegue a alcanzar el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado. El Real Decreto 2271/2004, de 3 diciembre vino a completar las previsiones contenidas en la citada Ley 53/2003, contemplando en su artículo 9 la previsión cuyo ámbito de aplicación a la Carrera Judicial ahora se plantea.

Las anteriores previsiones han tenido igualmente su reflejo específico en la Ley Orgánica del Poder Judicial que, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, dispone en su artículo 301.8, en materia de ingreso y ascenso en la Carrera Judicial, que: «También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras Judicial y Fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas».

De conformidad con lo expuesto, cabe afirmar que la aplicación de una medida como la prevista en el art. 9 del Real Decreto 2271/04, en el ámbito de los procesos selectivos de ingreso en la Carrera Judicial, cuenta con una fundamentación constitucional y legal suficiente. Dicha medida se inserta, de forma específica, en lo que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial define como la «compensación de desventajas», principio que habilita para la adopción de aquellas medidas, de carácter proporcionado y razonable, que justifiquen un tratamiento diferenciado a las personas con discapacidad, como único medio para la garantía efectiva de la igualdad y no discriminación de este colectivo.

La presente modificación reglamentaria, además de incorporar al Reglamento de Carrera Judicial las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, recoge los principios de carácter general que, sobre el acceso de los discapacitados al empleo público, se contemplan tanto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre como en el citado Real Decreto, con la finalidad de establecer una regulación más completa y sistemática que, en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorpore los principios generales aplicables a dicho acceso.

La inclusión en el texto de esta materia se lleva a cabo mediante la adición en el Título I («De la selección para el ingreso en la Carrera Judicial») de un nuevo Capítulo II que, con la denominación de «Ingreso en la Carrera Judicial de las personas con discapacidad», comprendería los nuevos artículos 4 a 11. Debe tenerse en cuenta que, en el momento actual, los citados preceptos carecen de contenido por haber sido derogados por Acuerdo Reglamentario 2/2001, de 7 de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 13 de Marzo).

En la elaboración del presente Acuerdo han sido tenidos en cuenta los informes emitidos durante el trámite de audiencia a las asociaciones, órganos y entes mencionados den el artículo 110.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, ha sido consultado el tejido asociativo de la discapacidad, articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que canaliza las demandas de la ciudadanía con discapacidad.