LA LEY, grupo Wolters Kluwer

PRIMERO.- Frente a la sentencia, dictada en 15-10-08, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Granada, en juicio Ordinario 167/06 , de Carretera de DIRECCION000 , contra las Comunidades de los Edificios nº NUM001 , NUM002 , DIRECCION001 , DIRECCION002 y NUM003 , de Carretera de DIRECCION000 , y contra D. Narciso que compareció para allanarse, sobre nulidad de acuerdo de 2-6-05, se interpuso por la representación de las Comunidades demandadas, recurso de apelación, que ha originado el rollo 79/09 de esta Sala, que resolvemos y que articula en base a los siguientes motivos. A) Infracción del art. 10 LEC en relación con el art. 13-3 de LPH , por no aplicación, falta de legitimación activa. B) Infracción del art. 218-1º LEC en relación con el art. 24 CE . Falta de motivación de la sentencia por incongruencia extrapetita, el modificar la causa de pedir. Incongruencia omisiva, al no resolver cuestión litigiosa. C) Error en la valoración de la prueba y revisión de los hechos que se declaran probados. D) Infracción del art. 13-3º LPH por no aplicación y del art. 1714 Cc por aplicación indebida.

SEGUNDO.- 1º motivo Reprochan las comunidades apelantes a la sentencia, que infringe el art. 10 de LEC en relación con el art. 13-3º LPH por no aplicación. Falta de legitimación activa, en tanto que la acción que se ejercita es la de impugnación del art. 18-2-c) de la Ley de Propiedad Horizontal , al no estar la actora en ninguno de los supuestos contemplados en el apartado 2º de dicho precepto, al no haber salvado su voto, ni haber estado ausente por cualquier causa en el acuerdo adoptado, ni haber sido indebidamente privada de su derecho a voto. Por el contrario el acuerdo ha sido consentido expresamente por la actora a través de quien entonces era su legitimo representante. Veamos. En 2-6-05, por los presidentes de las distintas comunidades, incluido el de la actora, se adoptó el acuerdo que consta el folio 28 y que literalmente dice: Autorizar a D. Marco Antonio , como Presidente de la Comunidad de Propietarios, sita en Carretera de DIRECCION000 NUM002 - DIRECCION001 DIRECCION002 , para recibir la indemnización conforme a la sentencia emitida por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Granada, y en base al informe pericial realizado por D. Santos , Arquitecto Superior Colegiado nº 2245, en autos de menor cuantía nº 962/97 y en base a la valoración siguiente: Bloque NUM000: 8.666 €, Bloque NUM001: 5503 €, Bloque NUM002: 30.658 €, Bloque NUM003: 18025. Una vez recibida la indemnización por D. Marco Antonio , se procederá al reparto anteriormente indicado, mediante traspasos o transferencias a las cuentas bancarias de las distintas comunidades... "Previamente a tal acuerdo, la Comunidad accionante, en reunión extraordinaria de 19-11-04, (folio 42), en la que se trató como único punto del orden del día, el de "información problemática y posibles soluciones a los daños de todos los edificios afectados tras sentencia favorable", se acordó por todos los asistentes, que esta comunidad (Bloque NUM004) solicitará al arquitecto que hizo el peritaje, hora y Cía. para que nos personemos los representantes de las comunidades afectadas para que este señor nos diga que si se compromete a repararnos los deferentes edificios mediante una empresa de albañilería que él nos pueda proporcionar". En 4-12-04, se celebró otra reunión extraordinaria en la que se dio "cumplida información de la reunión mantenida el día 19 de noviembre de 2004, con los representantes de los otros edificios también afectados y cuyo contenido se refleja en este libro de actas en la fecha citada".

TERCERO.- Y ciertamente, aunque ya por ello, la alzada debe prosperar, es que, a mayor abundamiento, la recurrida sentencia infringe el art. 218-1º LEC , pues altera la causa de pedir, puesto que el principio "iura novit curia" no autoriza a alterar los hechos y fundamentos de la demanda. Y en esta se acciona ex art. 18-1º c) LPH y la sentencia acude a la extralimitación del presidente de la comunidad (apoderado), derivando la cuestión al contrato de mandato, y ubicando la disputa en la relación interna entre el presidente (a la sazón el codemandado allanado) y la comunidad. Pero ello no ha sido cuestión litigiosa, como se deduce, de un lado, de la propia demanda, y de otro, de lo que en la audiencia previa se fijó como hechos controvertidos.