LA LEY, grupo Wolters Kluwer

PRIMERO.- No se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Por D. Roberto se interpuso formula demanda contra la entidad Elsamex, S.A., empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de la Autovía A-6, en reclamación del resarcimiento de los daños materiales sufridos el día 3 de julio de 2006 en el vehículo de su propiedad, matrícula 5985 BGV, por importe de 468,92 euros, al colisionar a la altura del punto kilométrico 303,800 de dicha vía con un perro que irrumpió en la calzada. La sentencia recaída en la instancia acordó la íntegra desestimación de la demanda, interponiéndose por la parte demandada recurso de apelación en el que interesa la desestimación de la reclamación formulada de contrario, e invoca como primer motivo del recurso error en dicha resolución, por no haber sido apreciada la falta de legitimación pasiva de dicha parte y, por tanto, la falta de competencia del orden jurisdiccional civil para conocer de la presente reclamación, y a favor del orden contencioso-administrativo, a lo que se opone la parte apelada.

TERCERO.- Lo que aquí se plantea no es, como se afirma la parte actora en su demanda, una acción de responsabilidad civil extracontractual amparable en el art. 1902 del Código Civil , sino una acción de responsabilidad patrimonial administrativa, residenciable en los artículos 106. 2° de la Constitución Española, y 142 a 144 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación al Real Decreto 429/93 , que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, responsabilidad que, en vía de revisión, ha de ser enjuiciada y valorada por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta unificación de toda decisión relacionada con la responsabilidad patrimonial de la administración en sede del Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo ya era defendible con la publicación de la Ley 30/92 citada, como así lo entendió la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo cuyos Autos de 7 julio y 27 octubre 1994 de dicha Sala especial establecían que con la citada Ley 30/1992 se había vuelto al sistema de la unidad jurisdiccional, en favor del orden contencioso-administrativo, para el conocimiento de las pretensiones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, acabando así con el gráficamente denominado por la Sala Primera del Tribunal Supremo "lamentable peregrinaje jurisdiccional" -SS TS 5 julio 1983 y 1 julio 1986 -, ante la insostenible realidad de que reclamaciones parecidas o iguales a la que allí se contemplaban, podían ser, y efectivamente eran, resueltas de forma indistinta por los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, y el restablecimiento de tal sistema lo ha hecho la citada Ley por una doble vía, en primer lugar, unificando el procedimiento para la reclamación de la indemnización, y, en segundo lugar, unificando también la jurisdicción, a pesar de cuya doctrina de la Sala de Conflictos, existían numerosas resoluciones de la Sala Primera del Tribunal Supremo que asumían la jurisdicción en el conocimiento de estos supuestos de responsabilidad. Pero resulta ya incuestionable e insoslayable con dos normas de redacción posterior, y aplicables al supuesto de autos dada la fecha de presentación de la demanda, normas que no pueden establecer con más claridad y taxatividad ese principio de unificación a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa de toda cuestión atinente a la responsabilidad patrimonial administrativa, ya se exija contra una administración, contra un concesionario, o contra entidades privadas (como puede ser una compañía aseguradora):

CUARTO.- Y en un supuesto idéntico al ahora analizado, tanto la sentencia de este mismo Tribunal ya mencionada más arriba, como el auto de 10 de mayo de 2008 de la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial , señalan que la conservación y mantenimiento de la autovía es un servicio público cuya gestión puede acometer directamente la Administración Pública titular de la vía (en nuestro caso el Ministerio de Fomento), ó, como ha acontecido en nuestro caso, ser conferido a un tercero (la entidad Elsamex, S.A.) mediante un contrato administrativo de servicios suscrito al amparo del R.D.L. de 16 de junio de 2000 por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo que no obsta a que la responsabilidad derivada del deber de conservación que asume el Estado recaiga sobre la Administración titular de la vía, sin perjuicio de la que ésta pudiera demandar en virtud del contrato administrativo suscrito con un tercero, siendo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la que ha de demandarse la responsabilidad patrimonial, conforme a los citados artículos 9-4 L.O.P.J. y 2 - e) L.J.C.A.

QUINTO.- Por aplicación de lo dispuesto en el art. 398 de la L.E.C ., al estimarse las pretensiones del recurso, las costas causadas en esta alzada deben serle impuestas a la parte apelante. En cuanto a las causadas en la primera instancia, las dudas jurídicas que la cuestión competencial suscita aconsejan también su no imposición a ninguna de las dos instancias, conforme al art. 394.1, in fine, LEC .