LA LEY, grupo Wolters Kluwer

PRIMERO.- Según hemos tenido oportunidad de significar, entre otros, en nuestros precedentes Autos de 20/07/2006 y 26/05/2006 , Rollos: 842/2005 y 14/2006, relativos a casos semejantes, en materia de representación procesal, esta misma controversia ha sido resuelta por las Secciones 8ª y 11ª de esta Audiencia en los precedentes Recursos nº 484, 595 y 694/05 , en Autos de la primera de ambas; dos de 14/10 y uno de 4/11/05; y respecto de la segunda de ellas, los nº 718 y 778/2004 mediante Autos de 10 de febrero y 18 de marzo de 2005 , y a cuya doctrina nos remitimos. Y, según la cual, no pueden aceptarse los argumentos de la resolución de instancia habida cuenta que el supuesto procesal enjuiciado no se refiere a una comparecencia ordinaria a juicio, en cuyo caso la ley establece expresamente la obligada intervención de Procurador -artículo 23.1º de la LEC -, exceptuando los casos en los que puede comparecer el propio litigante -apartado 2º-, sino a un trámite concreto dentro de un proceso especial, cual es la presentación o petición inicial de dicho procedimiento, que la ley, por razón de su naturaleza, excluye del régimen ordinario, estableciendo expresamente y a mayor abundamiento, la no necesidad de valerse a tales efectos de Abogado ni de Procurador, de acuerdo con el artículo 814 .

SEGUNDO.- Con ello se da cumplimiento a las previsiones del artículo 543 de la LOPJ , invocado por el Juzgado de instancia, pues corresponde exclusivamente a los Procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa, como en el presente caso, en el que la ley excluye expresamente en dicho proceso especial la intervención de Abogado y Procurador, en la presentación de la petición inicial del proceso monitorio, dejando a salvo, naturalmente, el posterior desarrollo que pudiera producirse por la oposición del deudor -artículo 818 de la LEC .-, con la remisión al proceso declarativo correspondiente, y por ende, los plenos efectos en la aplicación de los artículos 23 y 31 de la ley rituaria, porque entonces sí, las partes tendrían que comparecer a juicio, legalmente representados por Procurador y asistidos de Letrado. Como se pone de manifiesto en el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 2ª), núm. 139/2002 de 6 junio, Recurso de Apelación núm. 1483/2002 , pueden comparecer las personas jurídicas por quienes lo hacen quien legalmente las represente. Por tanto, los representantes legales de las sociedades son los que reúnen los requisitos necesarios para, comparecer en juicio por la sociedad, con o sin la representación técnica de los procuradores según el caso, al igual que las personas físicas capaces comparecen por sí mismas, también con la necesaria representación del procurador cuando, como es norma general así se exige, de estas normas no puede derivarse prohibición alguna para que una persona física, cumpliendo los requisitos del mandato representativo, pueda apoderar a otra para que en su nombre comparezca en un juicio, apoderamiento voluntario, que facultará al apoderado, por sí solo o con procurador cuando sea preciso, procurador que incluso -si a ello se extendiera el poder puede ser nombrado por el apoderado- a comparecer en juicio en nombre del poderdante.

TERCERO.- Trasladando esta doctrina al supuesto de las personas jurídicas y, en concreto, al caso de una sociedad anónima, que es el ahora enjuiciado, la comparecencia en juicio de esa sociedad se hará a través de las personas que legalmente la representan, artículo 7.3 de la LEC , que según el artículo 128 de la LSA le corresponde a los administradores en la forma determinada en los estatutos, estos representantes son, asimismo, los facultados para otorgar la representación técnica a un procurador en el caso general de que sea preciso, pero nada obsta para que esos administradores deleguen su facultad de nombrar procurador en determinados representantes voluntarios, ni tampoco de apoderar a determinadas personas para que comparezcan como si de ellas se tratase en el pleito, a ello faculta el último inciso del artículo 141.1 de la LSA y no se opone al requisito general de la personación en juicio por medio de procurador ya que éste no es exigible para la petición inicial del proceso monitorio y no puede entenderse que la representación legal a la que se refiere el núm. 3 del artículo 7 de la LEC sea la que originariamente establece la norma sino a la que es conforme a la norma que en este caso como hemos señalado establece la facultad de delegación. Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la estimación del recurso, revocando el Auto apelado, dictando otro en su lugar por el que se admite a trámite el proceso monitorio instado, dando a los autos el curso legal que corresponda, de acuerdo con los artículos 815 y siguientes de la LEC .