LA LEY, grupo Wolters Kluwer

En el escrito de interposición del recurso de apelación muestra la apelante su disconformidad con la decisión desestimatoria adoptada por el Juez de Instancia, combatiendo tanto el pronunciamiento por el que eventualmente parece estimarse la excepción de cosa juzgada invocada por el sr. Valentín , como y a pesar de lo anterior, cada uno de los pronunciamientos que afectan a las distintas partidas objeto de reclamación en el procedimiento.

En todo caso, y para disipar cualquier duda al respecto, debe indicarse por esta Sala que no cabe en el supuesto enjuiciado la apreciación de la mentada excepción, y ello no solo porque resulta evidente de la documental obrante en las actuaciones que los pedimentos en los que se sustenta la presente reclamación -gastos de comunidad, seguro del vehículo e importe de la ITV-, no han sido objeto de pronunciamiento alguno en procedimiento anterior, dado que intentada la compensación de los mismos en el juicio verbal seguido con el número 642/2.005 a instancia del demandado-apelado ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de esta Ciudad se rechazó en sentencia cualquier consideración al respecto al no cumplirse la prevención del artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que exige notificar esta pretensión al actor al menos cinco días antes de la vista, sino además porque en sus razonamientos realiza el Juez de Instancia una aplicación, que se entiende no es procedente al supuesto presente, de la doctrina que emana del nuevo artículo 400 de la ley de Enjuiciamiento Civil , precepto cuya finalidad última es la de evitar la reiteración innecesaria de sucesivos procedimientos judiciales cuando el actor ha podido alegar en una primera demanda los hechos y fundamentos jurídicos en que se basa el posterior procedimiento; Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa no estamos en esta situación, sino que la aquí actora -que lo es por vez primera en relación con las partidas a que se refiere su demanda-, solo trató de invocar la compensación de las mismas, bien que extemporáneamente, en un procedimiento en el que no era demandante y le eran reclamados otros conceptos; En consecuencia, ni en el espíritu, ni en la letra de la ley procesal vigente cabe la aplicación al supuesto que nos ocupa del efecto preclusivo regulado novedosamente en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En relación con esta primera cuestión debe confirmarse la decisión adoptada por el Juez de Instancia, y ello en consideración al hecho de que el tema objeto de controversia ha sido abordado muy recientemente por esta misma Sala, en sendas resoluciones de 28 de septiembre de 2.007 , en las que con razonamientos perfectamente aplicables al supuesto que nos ocupa textualmente se indicaba lo siguiente: "... sobre tales extremos esta Audiencia viene considerando que, en efecto, siendo la Sra. .... la única beneficiaria, usuaria de la vivienda de referencia, los gastos derivados y relacionados con referido uso y disfrute debieran corresponder a la misma. Y ello, no tanto porque se equipare su situación a la de usufructuaria con su correspondiente título constitutivo, que no es el caso, sino por su mera condición de usuaria, en virtud de mandato judicial, que la faculta plenamente para su uso y disfrute sin más límites que los derivados del buen uso y gobierno. En la sola consideración y lógica de que quien usa y se beneficia, en exclusiva, de un bien, debe correr con los gastos que de referido uso se deriven. Ahora bien, no ignora este Tribunal la evolución jurisprudencial en que se fundamenta, ciertamente la Sentencia impugnada, como exponente, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 20-6-06 , que recoge la doctrina ya expresada en otras, en la que "parece" concluirse que los gastos comunes derivados de toda propiedad deben cargarse sobre quienes ostentan título de dominio sobre las mismas, con independencia de si su disfrute es otorgado (ínterin) a un concreto copropietario, acudiéndose en su argumentación a lo prevenido en el art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal en la que se imponen a los propietarios los gastos derivados de la comunidad, en tanto en cuanto son consecuencia de ese título de dominio.

Pero de una más atenta lectura de referida doctrina jurisprudencial, interpreta este Tribunal que el caso de autos no es plenamente subsumible en la misma. El alto Tribual argumenta, fundamentalmente, sobre un supuesto de liquidación de sociedad de gananciales para conformar su activo y pasivo con deducción de las cargas aplicables a referida sociedad vinculando e interpretando los gastos de comunidad satisfechos de referencia como los referidos en la Ley de Propiedad Horizontal (art. 9) consecuencia de la condición de propietarios de la vivienda y necesarios para la conservación de esa propiedad, afectante, por consiguiente a todos sus propietarios. Pero aquí nos referimos sustancialmente a los gastos, no directamente atribuibles a la propiedad dominical, que la usuaria de la vivienda deba satisfacer, consecuencia de la utilización exclusiva de referida vivienda, derivados precisamente de ese uso y disfrute, que solo a ella deben aplicarse pues están vinculados a ese disfrute. Quizás haya que discernir, en su caso, dentro del amplio concepto de gastos comunitarios, cuales son derivados de la propiedad y cuales del uso y disfrute de la vivienda, que en el caso de autos no se discrimina, por lo que cabe presumir que los aplicados son todos los relativos al uso y disfrute de la vivienda. Parece lógico que quien tiene atribuido el beneficio del disfrute de la vivienda común deba satisfacer los gastos derivados de su utilización (caso contrario y por mismas razones el cónyuge que sale del domicilio familiar, podría cargar, también, a la sociedad de gananciales sus gastos de utilización de otra vivienda). No parece tampoco doctrinalmente procedente acudir a la Ley de Propiedad Horizontal, para resolver el conflicto de satisfacción de gastos en vivienda común por quien en curso de un proceso de disolución matrimonial, con liquidación de la sociedad de gananciales tenga atribuida la vivienda común y familiar, porque referida Ley, en su ámbito competencial, estudia y resuelve sobre la obligatoriedad de satisfacción de gastos en viviendas comunitarias a quienes sean sus legítimos propietarios, miembros de la Comunidad integrante de esa forma especial de copropiedad......................"

Esto es precisamente lo que acontece en el presente supuesto, en el que lo que se cuestiona no es más que determinar si a aquél de los dos copropietarios que no disfruta de la vivienda común, le corresponde abonar a quien sí la utiliza y disfruta la mitad de los gastos de carácter ordinario, derivados precisamente de la prestación de los servicios necesarios para el uso de la misma; Nada ha aportado a los autos la apelante que justifique cumplidamente haber satisfecho gastos de carácter extraordinario efectuados en beneficio de la propiedad del inmueble, y por tanto esta carencia de prueba solo a ella puede perjudicarle (artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Es por ello que este motivo de recurso no puede ser estimado.

Por consiguiente, debe estimarse este último motivo debiendo condenarse al sr. Valentín a abonar a la actora el cincuenta por ciento de los referidos gastos, lo cual supone la cantidad de 934,67 €.