LA LEY, grupo Wolters Kluwer

SEGUNDO:- Tal y como se advierte por la Juzgadora a quo, la adopción y, en este caso, la vigencia de una determinada medida cautelar como la que nos ocupa ha de contextualizarse en las coordenadas que rigen en un determinado momento procesal, a la luz de las concretas circunstancias objetivas y subjetivas de una y otra parte en el procedimiento en cuestión. Pues bien, no cabe duda de que, sin perjuicio del pronunciamiento que en su día se adopte respecto al fondo de la controversia latente entre los litigantes en el correspondiente Recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia de instancia en los autos principales de los que derivan las presentes actuaciones de medidas cautelares (Procedimiento Ordinario nº 479/2005), lo cierto es que la manifiesta desproporción ("abismal", como se califica en el Auto de fecha 3 de mayo de 2006 , ratificado por el que es objeto de la presente apelación) entre la suma objeto de la demanda inicial, la suma reconocida en la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Mérida el 20 de enero de 2006 y, dado el tiempo transcurrido, respecto de la suma, decretada por esta Audiencia Provincial en la Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2006 , resolutoria del Recurso de Apelación (sensiblemente superior a la acordada en la instancia, pero todavía notoriamente distante de la reclamada en la demanda), permite justificar actualmente el alzamiento de la medida cautelar que en su día tuvo razón de ser ante la apariencia de buen derecho invocada por la Juzgadora a quo en el Auto hoy recurrido, a la que se refiere el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la hora de acordarla.

Afirmar que "el único líquido" de que disponen los demandados en la actualidad son los casi cuatro millones y medio de euros procedentes de la Ejecución nº 234/2005, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 Mérida, como si se hablase de calderilla, no puede justificar la insistente petición de mantenimiento de la medida cautelar, cuando no consta que la parte hoy apelada tenga deudas de tal alcance ni, en fin, resulte fácil deshacerse o evaporar impunemente la millonaria cantidad aludida para hacer frente, llegado el caso, a la que, hoy por hoy, es la suma notoriamente inferior a la que en este momento procesal asciende la tan reiterada estimación parcial de la demanda. Por ello, no tiene por qué verse "frustrada de forma absoluta cualquier condena dineraria", tal y como también alega la entidad bancaria recurrente. Decir igualmente que la apariencia de buen derecho es "indiscutible", cuando nos encontramos ante la meritada diferencia entre la suma reclamada y la estimada en la instancia y, posteriormente, en la Sentencia resolutoria del Recurso de Apelación, vuelve a carecer de fundamento a los pretendidos efectos revocatorios.

En definitiva, el Auto recurrido no hace sino aplicar rigurosamente lo dispuesto en el artículo 744.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ante la mera estimación parcial de la demanda en su día interpuesta por la entidad bancaria hoy apelante, optando de forma razonable y coherentemente motivada, teniendo en cuenta las "circunstancias del caso", por el alzamiento de la medida cautelar en cuestión.

Por cuanto antecede y dando por reproducida su fundamentación jurídica, procede la confirmación del citado Auto por estar plenamente ajustado a Derecho.

TERCERO.- La desestimación del Recurso de Apelación conlleva la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.