LA LEY, grupo Wolters Kluwer

Con carácter previo a abordar el examen de los motivos del Recurso, conviene indicar que, en la Primera de las Alegaciones del Escrito de Interposición del mismo, la parte apelante efectúa un Preámbulo que recoge, de forma esquemática, los distintos motivos que después se desarrollan en las Alegaciones siguientes (esto es, desde la Segunda hasta la Décimo Segunda), y, en las Alegaciones Décimo Tercera (que lleva por rúbrica "defectos legales, errores e irregularidades de la Sentencia) y Décimo Cuarta (que se rubrica con el término "conclusiones"), la misma parte apelante efectúa una especie de Epílogo de la Impugnación, volviendo a relacionar, resumidamente, cada uno de los aspectos que han conformado los motivos del Recurso expuestos en las Alegaciones anteriores, de manera que, como quiera que, en las referidas Alegaciones (Primera, Décimo Tercera y Décimo Cuarta), no se ha invocado ningún motivo distinto de los desarrollados en las Alegaciones Segunda a Décimo Segunda del expresado Escrito, ni se ha introducido ningún aspecto nuevo que no se hubiera tratado en aquéllas, esta Sala no efectuará, en la presente Resolución, ninguna referencia a las indicadas alegaciones que, como se acaba de decir, han sido expuestas a modo de Preámbulo y de Epílogo -respectivamente- de la Impugnación.

Aun cuando, en la Segunda de las Alegaciones del Recurso, la parte demandada apelante sostenga la inadmisibilidad de los expresados documentos en base a la fecha de los mismos y a la aplicación de determinados preceptos (que, por lo demás, no son los que habilitarían su admisión - artículos 265.1 y 2, 269.1 ó 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -), debe significarse -con el máximo rigor- que los documentos controvertidos no son los documentos en los que la parte actora funda su derecho, por cuanto que la reclamación material o sustantiva que se articula en la Demanda encuentra su soporte documental, no en los documentos que se presentaron en la Audiencia Previa al Juicio, sino en los que se acompañaron al Escrito de Demanda. El precepto legal que autoriza la admisión en este Juicio de dichos documentos es el establecido en el apartado 3 del artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , conforme al cual "no obstante lo dispuesto en el apartados anteriores, el actor podrá presentar en la Audiencia Previa al Juicio los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda", y es ciertamente a este objeto al que responde, indudablemente, la presentación de los documentos aportados por la parte actora en la Audiencia Previa al Juicio, documentos que -insistimos- si bien inciden -más que afectan- al fondo del asunto, no son aquéllos en los que la parte actora ha fundado su derecho a la tutela judicial pretendida en la Demanda. Adviértase que, en el Escrito de Contestación a la Demanda, la parte demandada sostuvo que la demandante le era deudora nada menos que por la cantidad de 38.305,67 euros como consecuencia -y se cita literal- de "suministro de material que no consta en alabarán alguno", postulando (sin perjuicio de mantener la impugnación de los documentos presentados con la Demanda) la compensación en caso de reconocerse alguna deuda a favor de la actora, alegación defensiva que -indudablemente- resulta susceptible de ser contradicha mediante la proposición de prueba en contrario (documental en este caso), que es el objeto de los documentos que fueron presentados en la Audiencia Previa al Juicio y, en consecuencia, han de considerarse absolutamente admisibles en aplicación del apartado 3 del artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Efectivamente y sin que ni siquiera se estime necesario apelar a la aplicación de norma procesal alguna, resulta patente que una misma persona no puede intervenir en un Proceso con un carácter diferente dependiendo de la parte que lo proponga (en este caso, si a D. Fernando lo propone la parte demandante, lo sería en calidad de testigo, pero si lo hace la parte demandada declararía como representante legal de la entidad actora y, en consecuencia, lo sería mediante prueba de interrogatorio de parte, no como testigo). En la Audiencia Previa al Juicio, la parte actora propuso, como prueba testifical, la declaración de D. Fernando , introduciendo la salvedad de que la parte demandada interesara el interrogatorio de parte; luego, no cabe duda de que si D. Fernando puede intervenir en el Proceso como representante legal de la demandante -es decir, en prueba de interrogatorio de parte- en ningún caso (incluso aun cuando la parte demandada no propusiera el interrogatorio de parte) puede intervenir como testigo. Tan ello es así que -con independencia de como se interprete el hecho de que D. Fernando estuviera presente en el acto del Juicio- lo cierto es que su presencia en dicho acto lo fue como representante legal de la parte actora. No debe desconocerse que el Poder General y Especial para Pleitos que se acompañó a la Demanda, de fecha 6 de Septiembre de 2.006, fue otorgado por el propio D. Fernando , quien intervino como apoderado, en nombre y representación, de la entidad demandante, Encofrados Madeco, S.L., con facultades que resultan del poder que le tiene conferido dicha sociedad en Escritura Pública de 19 de Noviembre de 2.004 y entre cuyas facultades se encuentra las de -y se cita literal- "confesión judicial y absolver posiciones"; luego es evidente -sin necesidad de mayores consideraciones, ante la condición de D. Fernando como representante legal de la entidad actora con facultad para intervenir en Juicio en interrogatorio de parte- que el mismo en ningún caso puede ostentar la condición de testigo.

Dicha prueba es, pues, ineficaz a afectos acreditativos, circunstancia que no exige declaración de nulidad de actuaciones alguna por cuanto que el hecho de que se haya admitido una prueba cuando no debió serlo no comporta, sin embargo, la vulneración -menos aun la omisión- de norma esencial de Procedimiento. A este efecto, el apartado 2 del artículo 285 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "contra esa resolución (con referencia a la admisión de cada una de las pruebas que hubieran sido propuestas) sólo cabrá Recurso de Reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto y, si se desestimare, la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia", contemplando el artículo 459 del mismo Texto Legal que en el Recurso de Apelación pueda alegarse la infracción de normas o garantías procesales, siempre que el apelante acredite que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello (como así ha ocurrido en el presente caso). Pues bien, la decisión de admitir un medio de prueba que debió rechazarse constituye una resolución ciertamente errónea, pero no determina la declaración de nulidad de actuaciones practicadas en el Procedimiento porque el efecto que irradia el que este motivo o circunstancia se pueda acoger en la segunda instancia no es otro que privar de toda eficacia acreditativa a ese medio de prueba, lo que no conduce, ni a la retroacción de las actuaciones hasta el momento en el que se admitió la prueba, ni, por tanto, a que hubiera de dictarse nueva Sentencia en la primera instancia.

No obstante, interesa destacar -al efecto de evitar ulteriores aclaraciones o complementos de la presente Resolución- que la estimación de este motivo -que es parcial- no va a surtir ningún efecto sustantivo, por cuanto que el hecho de que se prescinda de la prueba testifical de D. Fernando no modificará el Fallo de la Sentencia impugnada. Este Tribunal se encuentra en disposición de aseverar, desde este momento, que la prueba practicada en este Proceso a instancia de la parte actora (con exclusión de la expresada testifical), junto con los documentos aportados por la propia parte demandada y con contenido de las declaraciones emitidas en el interrogatorio de dicha parte, acreditan suficientemente los hechos en los que se fundamenta la pretensión que ha sido deducida en la Demanda. Por tanto, el que asista razón a la parte demandada respecto del hecho de que D. Fernando en ningún caso debió declarar en este Juicio con la condición de testigo no implica ni la estimación parcial de la Demanda, ni tampoco la estimación parcial del Recurso de Apelación, en la medida en que - insistimos- no procede declarar la nulidad de las actuaciones ni tampoco modificar, en ningún extremo, el Fallo de la Sentencia, el cual es absolutamente conforme con el Suplico de la Demanda; circunstancia que la Sala ha considerado procedente explicitar a todos los efectos.

En la medida en que los artículos 1.256 y 1.259 del Código Civil no se han visto en modo alguno infringidos, el motivo ha de ser desestimado.

En realidad y, con el máximo rigor, la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae, en todas sus vertientes, el séptimo de los motivos del Recurso constituye una problemática que afecta única y exclusivamente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , precepto que, en sus apartados 2 y 3 , establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1 del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 6 del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.

A la luz de las consideraciones preliminares que se acaban de indicar, este Tribunal comparte la hermenéutica apreciativa desarrollada por el Juez de instancia en la Sentencia recurrida por cuanto que descansa en una valoración lógica y racional de las pruebas practicadas en el Procedimiento, de modo que la mera remisión a los razonamientos jurídicos expuestos en la indicada Resolución serían suficientes para desestimar, en todas sus vertientes, el motivo del Recurso que se examina. El Juzgado a quo, en efecto, ha analizado la prueba practicada en el Procedimiento de forma conjunta, en una exégesis apreciativa razonada y razonable, llegando a una decisión absolutamente correcta que objetivamente se corresponde con los resultados de las pruebas practicadas y con las reglas generales que, sobre la carga de la prueba, establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . De esta manera, insistir en el análisis de dichas pruebas no supondría más que redundar innecesariamente sobre las mismas cuestiones para llegar indefectiblemente a conclusiones idénticas a aquellas que recoge la Sentencia recurrida.

Difícilmente puede resultar atendible el criterio que defiende la parte demandada apelante en el séptimo de los motivos del Recurso ante los acertados razonamientos jurídicos puestos de manifiesto por el Juzgado de instancia en los Fundamentos de Derecho de la Sentencia recurrida que no sólo no se han visto desvirtuados ni un ápice por las alegaciones en las que se sustentan todas las vertientes del indicado motivo, sino que incluso llegan a agotar cualquier otra consideración jurídica que pudiera efectuarse sobre los extremos en los que descansa el motivo de la Impugnación. En este sentido, puede ya adelantarse que -ante la carencia de solidez sustantiva en su postulado- las objeciones que la parte apelante opone respecto de la valoración de la prueba realizada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida no gozan -según el criterio de este Tribunal- de la habilidad material necesaria para modificar la decisión -correcta, insistimos- que, sobre los extremos discutidos, ha sido adoptada en la Resolución recurrida. Debe reiterarse que la impugnación documental que dedujo la parte demandada en el Escrito de Contestación a la Demanda es, a juicio de esta Sala, absolutamente rechazable por cuanto que las relaciones comerciales del tipo de las que existieron entre las partes hoy litigantes se documentan habitualmente a través de ese tipo de soporte que, ciertamente, constituyen documentos unilateralmente confeccionados por las partes pero que no por ello carecen de eficacia probatoria cuando -se insiste- no existe ningún tipo de dato ni de circunstancia que hicieran dudar de su autenticidad; es decir, no se trata de documentos ad hoc confeccionados expresamente por la parte actora para presentarlos con la Demanda al objeto de probar el incumplimiento contractual, sino que constituyen documentos que se vienen girando en el tráfico mercantil y que demuestran la vinculación negocial existente y el estado de las relaciones comerciales, no suponiendo ningún tipo de privilegio ni de desequilibrio entre las propias partes. Por tanto, la apreciación judicial realizada en torno a los mismos es la que revela la eventual existencia del incumplimiento contractual que, en el caso de autos, se considera debidamente acreditado después de la conjunta y ponderada valoración de las pruebas practicadas en el Procedimiento, donde adquiere una importancia capital (excluyendo -evidentemente- las manifestaciones que emitió el testigo, D. Fernando) las declaraciones que quedaron puestas de manifiesto en el interrogatorio de la parte demandada. La actividad hermenéutica que ha realizado el Tribunal de instancia no se ha concretado en dotar de eficacia probatoria, sin más, a los documentos presentados por la parte actora y en restar o privar de esa misma eficacia a los documentos que ha presentado la parte demandada, sino que, después de la correspondiente actividad intelectual tendente a formar la convicción judicial, se ha dotado de una mayor preponderancia a las pruebas practicadas por la parte actora porque, en una exégesis estrictamente objetiva y aséptica, han ofrecido una mayor virtualidad acreditativa.

Debe señalarse, finalmente, que -a criterio de esta Sala- la parte apelante no ha interpretado de forma correcta y adecuada el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En efecto -y, aunque la parte apelante pretenda hacer ver lo contrario-, las pruebas practicadas a instancia de la parte actora son notoriamente suficientes -como se ha indicado- para acreditar, en derecho, los presupuestos de hecho que amparan su pretensión, sobre todo cuando la existencia de relaciones comerciales mantenidas entre las partes a través de documentos idénticos a los que ahora, en este Proceso, han sido objeto de impugnación se ofrece como un hecho absolutamente indiscutible; luego era a la parte demandada a quien incumbía demostrar cualquier hecho impeditivo o extintivo de aquél derecho, lo que en modo alguno ha verificado la indicada parte dada la inconsistencia de las alegaciones opuestas frente a la acción deducida por la parte actora, en la medida en que en modo alguno ha acreditado que los tan controvertidos documentos respondieran a una ficción ajena a la realidad contractual cuya existencia se ha revelado de manera incuestionable.

Respecto de la primera de las vertientes del expresado motivo (relativa a la alegación de Incongruencia de la Sentencia), el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 213/2.000, de 18 de Septiembre , establece que, como recuerda la Sentencia 136/1.998, de 29 de Junio (Fundamento Jurídico Segundo), desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1.982, de 5 de Mayo , se ha declarado reiteradamente que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el Fallo judicial y las pretensiones formuladas por las partes, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, sólo adquiere relevancia constitucional por entrañar una alteración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal (Sentencias del Tribunal Constitucional 14/1.999, de 22 de Febrero -Fundamento Jurídico Octavo-, 215/1.999, de 29 de Noviembre -Fundamento Jurídico Tercero- y 118/2.000, de 5 de Mayo -Fundamento Jurídico Segundo-). Ahora bien, para que la incongruencia tenga relevancia constitucional de cara a entender lesionado el derecho a la Tutela Judicial Efectiva es indispensable que el desajuste entre lo resuelto por el Organo Judicial y lo planteado en la Demanda o en el Recurso sea de tal entidad que pueda constatarse con claridad la existencia de indefensión, y, por ello, la incongruencia requiere que el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema que no esté incluido en las pretensiones procesales, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido (Sentencia del Tribunal Constitucional 215/1.999 -Fundamento Jurídico Tercero- y las allí citadas). Así pues, el juicio sobre la congruencia de la Resolución Judicial presupone la confrontación entre su Parte Dispositiva y el objeto del Proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos (partes) y objetivos (causa de pedir y "petitum"). En cuanto a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las Resoluciones Judiciales puedan modificar la "causa petendi", alterando de oficio los motivos del Recurso formulado, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el Organo Judicial sitúa el "thema decidendi". Además de distinguir nuestra Jurisprudencia entre la llamada Incongruencia Omisiva o "ex silentio", que se producirá cuando el Organo Judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, y la denominada Incongruencia "extra petitum", que se da cuando el pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema que no esté incluido en las pretensiones procesales, también singulariza la llamada Incongruencia por error, que es aquélla en la que se dan al unísono las dos anteriores clases de Incongruencia (Sentencias del Tribunal Constitucional 28/1.987, de 5 de Marzo -Fundamentos Jurídicos Cuarto, Quinto y Sexto-, 369/1.993, de 13 de Diciembre -Fundamento Jurídico Cuarto-, 111/1.997, de 3 de Junio -Fundamento Jurídico Tercero-, 136/1.998, de 4 de Julio -Fundamento Jurídico Segundo-, 96/1.999, de 31 de Mayo -Fundamento Jurídico Quinto-, 113/1.999, de 14 de Junio -Fundamento Jurídico Segundo-, y 124/2.000, de 16 de Mayo -Fundamento Jurídico Cuarto-), tratándose de supuestos en los que, por el error de cualquier género sufrido por el Organo Judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la Demanda o sobre el motivo del Recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta.

Definidos, por tanto, los tres tipos de Incongruencia en los términos acabados de exponer (Incongruencia omisiva, "extra petitum" y por error), no cabe duda de que -a juicio de este Tribunal- el Fallo de la Sentencia apelada no incurre en este vicio en la vertiente invocada por la parte demandada apelante en el octavo de los motivos del Recurso (omisiva), por cuanto que la Resolución recurrida no se ha apartado ni un ápice de los términos en los que ha quedado concretada la controversia litigiosa, ni tampoco de las pretensiones que han sido oportunamente deducidas por las partes en este Proceso, ni, finalmente, ha dejado sin resolver ninguna de las cuestiones debidamente planteadas en la litis. La Sentencia impugnada ha rechazado los motivos de oposición aducidos por la parte demandada frente a la Demanda y ha estimado debidamente probados los presupuestos en los que se ha fundamentado la acción ejercitada en la misma, sin que se hubieran apreciado las contradicciones a las que hace referencia la parte apelante (contradicciones que tampoco advierte esta Sala), desde el momento en que la parte demandante ha justificado de manera satisfactoria -a juicio de este Tribunal- las cantidades que han sido objeto de reclamación en este Juicio, exponente de lo cual son las alegaciones puestas de manifiesto por la parte actora apelada en el apartado noveno de su Escrito de Oposición al Recurso de Apelación (folios 463 a 465 de las actuaciones), donde de forma absolutamente razonada y admisible se pone de manifiesto una explicación legítima de la procedencia de las cantidades reclamadas que no exige la exposición de ninguna otra consideración adicional o complementaria.

Respecto de la segunda de las vertientes del motivo (relativa a que la demandante -en relación con el mismo objeto; esto es, en orden a la existencia de contradicciones en los importes reclamados en la Demanda- habría actuado contra sus propios actos), convendría recordar que el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 21 de Diciembre de 2.001 , ha declarado que la construcción jurisprudencial respecto a los requisitos para que los actos propios vengan a ser vinculantes exige que los mismos, como expresión del consentimiento, se realicen con el fin de crear, modificar, obrar o extinguir algún derecho, causando estado y definiendo unilateralmente la situación jurídica del mismo y para que tengan naturaleza de sujeción han de ser concluyentes y definitivos - Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 16 de Febrero de 1.988, 25 de Enero de 1.989, 6 de Noviembre de 1.990, 11 de Marzo de 1.991, 14 de Mayo de 1.991 y de 17 de Noviembre de 1991 -. Viene a ser del todo necesario que el acto se presente como solemne, preciso, claro, determinante y perfectamente delimitado, no ambiguo ni inconcreto -Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de Septiembre y 10 de Octubre de 1.988 y de 4 de Junio de 1.992 -. En igual sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de Junio de 2.000 . La Sentencia del mismo Tribunal de fecha 15 de Junio de 2.001 indica que la Jurisprudencia de esa Sala viene declarando que los actos propios contra los cuales no es lícito accionar son aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, por lo que el citado principio solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que hubieran creado una situación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla. En términos análogos, el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 24 de Mayo de 2.001 , ha establecido que, con referencia a la doctrina de los actos propios, hay que consignar que es principio general de Derecho el que afirma la inadmisibilidad de venir contra los actos propios, principio que tenía ya constancia en el añejo texto de Las Partidas, y que supone un límite del derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia de la buena fe y de la exigencia de la observancia de una coherencia en el ámbito del tráfico jurídico y siempre que concurran los presupuestos o requisitos exigidos por la doctrina para su aplicación y que son los siguientes: a) En primer lugar, que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin duda alguna una determinada situación jurídicamente afectante a su autor, y b) Que exista una incompatibilidad o contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta precedente -Sentencias de 18 de Enero de 1.990, 5 de Marzo de 1.991, 4 de Junio y 30 de Octubre de 1.992, 12 y 13 de Abril y 20 de Mayo de 1.993, 17 de Diciembre de 1994, 31 de Enero, 30 de Mayo y 30 de Octubre de 1995, 21 de Noviembre de 1.998, 4 de Enero, 13 de Julio, 1 de Octubre y 16 de Noviembre de 1.999, 23 de Mayo, 25 de Julio y 25 de Octubre de 2.000, 27 de Febrero y 16 de Abril de 2001 -. Finalmente, el Alto Tribunal ha establecido, en Sentencia de fecha 21 de Mayo de 2.001, que esa Sala tiene declarado que para la aplicación de la doctrina de los actos propios es preciso que los hechos tengan una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 6 de Abril y 4 de Julio de 1.962); y como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de Enero de 2.000 , "el principio general de derecho que veda ir contra los propios actos ("nemo potest contra proprium actum venire"), como límite al ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, cuyo apoyo legal se encuentra en el artículo 7.1 del Código Civil que acoge la exigencia de la buena fe en el comportamiento jurídico, y con base en el que se impone un deber de coherencia en el tráfico sin que sea dable defraudar la confianza que fundadamente se crea en los demás, precisa para su aplicación la observancia de un comportamiento (hechos, actos) con conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción, en el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior, y esta doctrina (recogida en numerosas Sentencias del Tribunal Supremo, como las de 27 de Enero y 24 de Junio de 1.996, 19 de Mayo y 23 Julio de 1.998, 30 de Enero, 3 de Febrero, 30 de Marzo y 9 de Julio de 1.999) no es de aplicación cuando la significación de los precedentes fácticos que se invocan tienen carácter ambiguo e inconcreto (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 23 de Julio de 1.997 y de 9 de Julio de 1.999), o carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio jurídico". Por demás, la construcción jurisprudencial respecto a los requisitos para que los actos propios vengan a ser vinculantes exige que los mismos, como expresión del consentimiento, han de realizarse con el fin de crear, modificar, obrar o extinguir algún derecho, causando estado y definiendo unilateralmente la situación jurídica del mismo y para que tengan naturaleza de sujeción han de ser concluyentes y definitivos (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 16 de Febrero de 1.988, 25 de Enero de 1.989, 6 de Noviembre de 1.990, 14 de Mayo de 1.991 y de 27 de Junio de 1.991), con lo que viene a ser del todo necesario que el acto se presente como solemne, preciso, claro, determinante y perfectamente delimitado, no ambiguo ni inconcreto (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de Septiembre y 10 de Octubre de 1.988 y de 4 de Junio de 1.992).

En el presente caso, no concurren ninguno de los requisitos puestos de manifiesto por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para poder afirmar, con el suficiente rigor, que la parte actora ha desarrollado una actuación contraria a sus propios actos, en la medida en que las contradicciones a las que alude la parte apelante no son tales ni, objetivamente y después del examen de los documentos incorporados a las actuaciones, resultan susceptibles de ser apreciadas por este Tribunal. Antes al contrario, si hubiera que calificar alguna conducta como contraria a los actos propios de alguna de las partes, habría que atribuirla, más bien, a la parte demandada, hoy apelante, en cuanto que -sin justificación alguna atendible- ha negado eficacia probatoria a documentos demostrativos de la existencia de relaciones comerciales e incluso ha negado la existencia de vínculo contractual entre las partes cuando, al mismo tiempo, ha aportado a su instancia documentos de idéntica naturaleza que, en realidad, revelan lo contrario y que, en último término, vendrían a avalar la tesis de la parte demandante.

Atendiendo al planteamiento del motivo y en función de que este Tribunal considera correcta la valoración probatoria desarrollada por el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida respecto de la virtualidad acreditativa de los documentos que se acompañaron a la Demanda y de la realidad de las relaciones comerciales existentes entre las partes en las condiciones que constan en los expresados documentos, poco más puede añadirse a los razonamientos jurídicos expuestos en la expresada Resolución, en la medida en que los materiales no entregados, perdidos o deteriorados se han valorado conforme a los términos y condiciones del contrato vigente entre las partes y tal y como se venía haciendo en el desarrollo de las relaciones comerciales que las mismas partes mantenían. En definitiva, el motivo no puede ser estimado en la medida en que encuentra como premisa fundamental la propia apreciación probatoria que ha mantenido en este Juicio la parte apelante, la que, sin embargo -conforme al criterio de esta Sala-, no resulta admisible.

De este modo, no puede existir compensación de deudas desde el momento en que la parte demandada apelante no ha acreditado que fuera acreedora de la parte demandante, ni que mantenga frente a ella el crédito que alega por importe de 38.305,67 euros, faltando, pues, el primero y fundamental de los requisitos exigidos para que pueda tener lugar la compensación, esto es, que las dos partes, por derecho propio, fueran recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra (artículo 1.195 del Código Civil). Pero es que -además- si se examina el Escrito de Contestación a la Demanda, la pretensión compensatoria que postula la parte demandada apelante carece de solidez en su planteamiento, en la medida en que no responde a parámetros dotados de la suficiente lógica el que se asevere que la entidad demandante adeuda a la demandada la cantidad de 38.305,67 euros y que, incluso, a la deuda que mantuviera la demandada con la actora, habría que restar también la cantidad de 2.765,30 euros por puntales y tubos incluidos en las facturas aportadas con la Demanda sin haberse justificado su entrega (lo que determinaría que la actora sería deudora de la demandada) y que, no obstante ello, no se interponga Demanda Reconvencional, y, sobre todo, carece de sentido que se justifique el que no se reconvenga alegando -y es cita literal del Fundamento de Derecho XIV del Escrito de Contestación a la Demanda- que "otra cosa es que en función de lo que resulte de este pleito y una vez revisada de manera exhaustiva la contabilidad de nuestra representada, pudiera derivarse una deuda de la hoy demandante con Estructuras Valverde, que se solventaría con la correspondiente Demanda, contra la hoy demandante", por cuanto que tal alegación supone tanto como admitir que, en el momento en el que se procedió a la Contestación a la Demanda (o, lo que es lo mismo, en este Juicio), la parte demandada no podía asegurar, con la necesaria fehaciencia, que la parte actora la adeudara la cantidad de la que se dice ser acreedora, circunstancia que hace absolutamente inviable la alegación de compensación de deudas.

Así pues, el pronunciamiento de la Sentencia referente al devengo de intereses no puede sino calificarse de correcto y conforme a derecho.