LA LEY, grupo Wolters Kluwer

Contra dicha resolución interpone recurso la parte ejecutada alegando error en la apreciación de la prueba toda vez que aunque en el documento aportado consta que el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se concedió para la separación matrimonial, sin embargo, dicho documento adolece de un error de trascripción, error que ha sido rectificado mediante el documento expedido por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Lleida en el que queda claro que el derecho reconocido en el expediente 1560/05 instado por la ahora apelante fue concedido para un procedimiento de divorcio contencioso.

Siendo esto así, la consecuencia no puede ser otra que la que anunciaba el auto que es objeto del presente recurso en su Fundamento de Derecho Primero, es decir, que el título carece de fuerza ejecutiva, en tanto no se revoque la resolución administrativa que reconoció el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Frente a ello resultan irrelevantes las alegaciones vertidas por la parte apelada cuando apunta que la contraparte no se personó en el procedimiento de divorcio contencioso, no recurrió la sentencia de divorcio que le condenaba al pago de las costas y tampoco se opuso a la tasación de costas, lo que según esta parte implica que estaba conforme, no siendo este el momento procesal oportuno para oponerse al pago manifestando que goza del beneficio de justicia gratuita. Y decimos que resultan irrelevantes, en primer lugar, porque ninguna de estas circunstancias está acreditada y, en segundo lugar, porque aunque se dieran por ciertas, la respuesta habría de ser la misma porque lo cierto es que el concreto trámite que nos ocupa es el procedente para hacer valer el derecho de que se trata, sin que sea obstáculo para ello la actuación de la hoy recurrente (o de su representación y defensa) en los autos principales y en el curso de la tasación (el ejecutante manifestaba en su escrito de contestación a la oposición a la ejecución que en la tasación de costas ya se hizo mención a este derecho). En este sentido, esta Sala viene señalando de forma reiterada -cuando se impugna por indebida la tasación de costas y se invoca el art. 36-2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita - que una cosa es la práctica o realización de la tasación de costas y otra muy distinta la exacción de la tasación, afectando la justicia gratuita a la exacción o ejecución de la tasación de costas pero no a su realización. El referido art. 36-2 de la Ley 1/1996 dispone que, "cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuere condenado en costas quien hubiere tenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviere legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna ... o si se hubieren alterado sustancialmente las condiciones o circunstancias tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley". En consecuencia no puede admitirse que las costas son indebidas, ni que se trate de impedir la realización y aprobación de la tasación de costas, que es correcta, sin perjuicio de la ejecutabilidad de la misma en los supuestos en que la parte condenada está favorecida por el derecho de asistencia jurídica gratuita. Y lo mismo cabe decir en el estadio anterior, es decir, a efectos de imposición de las costas, sin que sea obstáculo para ello el hecho de litigar bajo el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, que impedirá su exacción si no es en ciertas condiciones, pero no ha de impedir ni la condena a su pago ni su posterior tasación.

En consecuencia, procede estimar el recurso y, con él, la oposición a la ejecución despachada, que debe dejarse sin efecto, sin perjuicio de que pueda nuevamente instarse cuando concurran los requisitos necesarios para que el título lleve aparejada ejecución.