LA LEY, grupo Wolters Kluwer

PRIMERO.- Se alza el recurrente contra la resolución apelada por estimar que al acordarse en ésta que la enajenación del inmueble cuya autorización se peticionaba deba realizarse en pública subasta, resulta perjudicial para los intereses de la tutelada, máxime cuando la legislación actual no impone dicho requisito, por lo que interesa se revoque dicho pronunciamiento y se acuerde que la venta pueda efectuarse de manera directa. El Ministerio Fiscal -actuando precisamente en interés de la declarada incapaz- ha impugnado asimismo la referida resolución, en idéntico sentido.

SEGUNDO.- Planteado así el objeto controvertido en esta instancia, nos encontramos, por un lado, que, efectivamente, el art. 212 del Codi de Família nada dice sobre el particular, si bien, ha de partirse de que el artículo 2015 de la LEC de 1881 , modificado por la ley 15/89 de 29 de mayo , establece que la autorización se concederá en todo caso bajo la condición de haberse de ejecutar la venta en pública subasta, precepto que continúa hoy en vigor. No obstante ello, existen razones para admitir la posibilidad de enajenación extrajudicial, tales como la lentitud que supone la exigencia de venta en pública subasta, contraria a la supuesta necesidad de obtener liquidez, que es precisamente lo que se pretende con la petición de la venta del bien; el hecho de que la subasta pública no supone una mayor garantía que la que puede otorgarse mediante la imposición de determinadas condiciones por el Juzgador bajo la supervisión del Ministerio Fiscal; los gastos y molestias que se derivan de la publicación de edictos y de la propia subasta, e incluso la necesidad de garantizar un precio más adecuado a las condiciones de mercado en beneficio del propio incapaz. Es más, si tal venta extrajudicial está autorizada en los artículos 2019 y 2020 de la LEC para el supuesto de que en la subasta no haya postura admisible, y la propia LEC permite en el procedimiento de apremio, con carácter preferente, otros sistemas de enajenación, entre ellos el convenio entre acreedor y deudor, y aunque nadie duda de que la intención del legislador de 1881, al establecer aquélla norma, lo hizo en interés del incapaz, podemos decir que la misma ha quedado obsoleta, debiéndose hacer su justa interpretación en el momento actual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del CC , y aceptar, por ende, la posibilidad de enajenación extrajudicial, aunque sometida a las cautelas necesarias en interés y beneficio de la propia incapaz, como sostiene certeramente el Ministerio Público, en el escrito motivado de su impugnación, tales como dar cuenta al órgano jurisdiccional, tanto de la venta que se realice, con remisión, en su caso, de copia notarial autorizada, como acreditación documental de la cuenta en que se ingresa la misma y justificación del destino mensual que se da a su importe, remitiendo los extractos correspondientes (folio 70).

TERCERO.- Consecuentemente con todo lo hasta aquí expuesto, procede, con estimación del recurso interpuesto por el demandante y de la impugnación formulada por el Ministerio Fiscal, y con correlativa revocación del auto apelado, dar lugar a la pretensión de los recurrentes de que se autorice al tutor a realizar la venta de la finca propiedad de la incapaz en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con las cautelas que el Juez "a quo" estime adecuadas.

CUARTO.- No es de hacer una especial declaración acerca de las costas procesales causadas en esta alzada -Art. 398, 2. LEC -