LA LEY, grupo Wolters Kluwer

No se comparten dichos criterios.

En cualquier caso, aunque puedan imaginarse supuestos de terminación del proceso distintos de los expuestos, la sala considera que sí es aplicable el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento y que, una vez que el órgano judicial admite su propia competencia territorial, si resulta negativa la diligencia de requerimiento, puede y debe practicar las actuaciones necesarias para la localización del deudor, conforme a lo establecido en el citado artículo 156 . Ello no es incompatible con la naturaleza del procedimiento, ni con sus exigencias de agilidad, pues una y otras están al servicio de la efectividad de los créditos, a la que deben coadyuvar los tribunales. En definitiva, el procedimiento se ha establecido por la ley con el fin de procurar un mayor y más pronto cumplimiento de las obligaciones, y a dicho efecto el Estado ha de auxiliar a los acreedores para la localización de los sedicentes deudores. El criterio del auto apelado y del inicialmente recurrido, bajo la apariencia de servir a la finalidad de la ley, la contradicen de forma clara al entender de la sala.

En primer lugar, como señala la parte apelante, el artículo 156 y concordantes están ubicados en el Libro I de la ley procesal, correspondiente a todos los juicios civiles y, entre ellos, por tanto, a los especiales del Libro V. Aunque se acepte que el monitorio no es un proceso declarativo, como es evidente, sí es un procedimiento o juicio civil y, por ende, deben aplicársele las normas generales del Libro I, sin lo que el procedimiento fácilmente quedaría huérfano de regulación en múltiples cuestiones, lo que no resulta admisible.

En segundo lugar, la remisión que hace el artículo 815 al 161 no debe excluir la aplicabilidad del último párrafo de éste, como entiende el juez con el argumento de que el artículo se refiere a la forma de practicar los actos de comunicación, mientras que el último párrafo tiene un ámbito más amplio e incompatible con la finalidad del procedimiento monitorio. Como se ha avanzado, no se comparte este punto de vista. El párrafo último está ubicado en el número 4 del artículo y no parece que haya ningún impedimento para que se apliquen los dos primeros párrafos del número 4. Es más, resultaría inconcebible, contrario a la lógica y a la economía de medios al servicio del proceso, que, cuando al practicar un requerimiento no se encuentre en el lugar al destinatario del acto de comunicación, el funcionario no haga eso que dicen los dos primeros párrafos de este número 4. Siendo así, resulta injustificado que no se aplique también el número 4. El que esta última norma utilice la palabra "demandado" no es óbice para ello. Los destinatarios de los procedimiento monitorios pueden ser considerados demandados, pues se dirige frente a ellos una pretensión. Aunque no sea así y aunque se reserve el término para los interpelados en procesos declarativos, puede entenderse la expresión "demandado" en sentido no técnico. No conviene sólo a los procesos declarativos, dada su ubicación sistemática, a la que ya se ha hecho referencia.

Por consiguiente se estimará el recurso, de manera que deberá el Juzgado pronunciarse sobre cualquier petición que la parte actora le haga para la averiguación del domicilio a que se refiere el artículo 156, último párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento .

No sobra razonar, aunque sobre ello no verse el recurso, que esta sala se ha mostrado repetidamente contraria a someter a los reclamantes al peregrinaje de jurisdicciones que entrañaría el que, averiguado un domicilio fuera del partido judicial del Juzgado que está conociendo, se decline ipso facto la competencia a favor de la circunscripción de residencia del deudor, porque nos parece que la competencia queda definida al principio del procedimiento. O sea, que no se ha compartido en el pasado lo que hizo el Juzgado de Ibiza. Si no lo hubiese hecho, es posible que el requerimiento se hubiese podido practicar y no estaríamos ahora como estamos, más de un año después. No es eso servir a la finalidad que persigue el procedimiento monitorio, ni coadyuva al cumplimiento de las obligaciones, fundamento de la economía y del orden social. Pero, como decimos, sobre ello no versa el recurso porque no es eso lo que ha ocurrido en este caso.