LA LEY, grupo Wolters Kluwer

En esencia, la polémica trae causa de las peculiaridades de estos bienes embargados, que arrastrará importantes dificultades jurídicas adicionales a las que pueden ser propias de todo procedimiento de apremio, al tratarse de acciones y participaciones de sociedades que no cotizan en Bolsa, para las que, tanto el art. 1482 LEC 1881, como el 635 de la LEC 2000 disponen que su venta o realización sea a través de notario. El apremio sobre estos bienes ha generado en la doctrina procesalista dudas sobre las condiciones y trámites que han de seguirse, pues es manifiestamente insuficiente la previsión legal de que se haga «a través» de notario.

Bajo la vigencia de la LEC 1881, hubo pronunciamientos que sostuvieron la aplicación del Reglamento de Bolsas de Comercio de 30 de junio de 1967 (Auto de la A.P de Málaga de 20 de octubre de 1995), y en todo caso, dada las más que previsibles imprecisiones estatutarias, la doctrina es unánime en exigir en todo caso el respeto a los principios de defensa y contradicción del proceso de ejecución, lo que ha de tener una especial proyección tanto en el trámite de valoración de los bienes, como en el de publicidad de la subasta.

En este sentido puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2000, que a propósito de una subasta notarial de acciones de sociedad anónima dados en prenda (art. 1872 C. Civil), entenderá aplicables por analogía «las normas que regulen la celebración de subastas públicas en procesos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales», lo que se traduce, de un lado, en la existencia de un trámite previo consistente en la evaluación de los bienes que han de ser subastados y que, salvo en los casos como es el de la hipoteca en que las partes han de fijar el valor de los bienes a efectos de la ejecución, ha de ser realizada de forma objetiva, tanto en beneficio del acreedor, al poderse obtener un precio suficiente para satisfacer, en todo o en parte, su crédito, como del deudor para no ver malbaratados sus bienes; de otro lado, es requisito necesario e indispensable el de la publicación de la subasta mediante los pertinentes anuncios, de modo que llegue al mayor número posible de interesados y, por efecto de este más extendido conocimiento de las condiciones de la subasta, pueda ser mayor la concurrencia de postores que por interés en la adquisición, den lugar a la obtención de un precio más elevado.

Así las cosas, existiendo una laguna legal, entendemos deberá procederse, conforme ya indicaba el Tribunal Supremo en la Sentencia citada anteriormente, a la aplicación por analogía de «las normas que regulen la celebración de subastas públicas en procesos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales», lo que nos lleva a la observancia de aquellos preceptos de la LEC que disciplinan esta materia. Esto es lo que precisamente ha hecho el Notario interviniente en el presente caso, y puede fácilmente comprobarse a la vista de las condiciones y requisitos que se recogen en el anuncio de celebración de la subasta expedido en fecha 24 de abril de 2003 (folios 148 y 149), donde expresamente se remite a los artículos 647 y 648 de la LEC (en cuanto a los requisitos para pujar, posibilidad de posturas por escrito, en subasta de bienes muebles), así como a los artículos 649 y siguientes, que se refieren en concreto al desarrollo de la subasta, aprobación del remate, pago y adjudicación de los bienes. Ninguna objeción cabe hacer ahora al procedimiento seguido, y de hecho, la propia Juzgadora de primer grado, en el segundo de los razonamientos del auto impugnado, a la hora de resolver sobre la presunta nulidad de la subasta celebrada, se pronunciaba en el sentido de rechazar dicha pretensión, considerando que se habían cumplido escrupulosamente los requisitos procesales a tal efecto (recordemos, los establecidos en la LEC para la subasta de bienes muebles). De este modo, se convocó a la celebración de una única subasta, en las condiciones referidas, y ésta tuvo lugar en la fecha anunciada, sin la concurrencia de postor alguno. Lo que deba suceder ahora, en lógica coherencia con lo que se establecía en el anuncio, no puede ser sino lo que igualmente aparezca previsto en la Ley a cuyas normas se remitió el Notario y cuyo régimen estimó había de seguirse (recuérdese que la subasta habría de realizarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 649 y siguientes de la LEC), y por tanto, encontrándonos ante una subasta sin ningún postor, deberá entenderse aplicable el art. 651 de la LEC, tal como la parte recurrente interesa, sin que quepa pronunciarnos sobre otras cuestiones o consideraciones, que en puridad, no han sido objeto del recurso.