LA LEY, grupo Wolters Kluwer

Primero: Por la procuradora de los tribunales Sra. Farré Bustamante, en la representación que ostenta de D.ª Francisca se formula recurso de apelación contra el auto de 25 de febrero de 2.003 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vélez- Málaga, por el que se acuerda inadmitir a trámite por caducidad la solicitud de ejecución de la sentencia de divorcio de 12-III-1.992 dictada en los autos 209/91 del referido juzgado, por la que se disuelve el vínculo matrimonial con D. Fermín y, entre otras medidas se fija una pensión a favor de la hija común de 25.000 ptas. mensuales. Considera el auto recurrido que como la sentencia se dictó hace más de 10 años no cabe su ejecución, sobrepasándose en consecuencia el plazo de 5 años previsto en el art. 518 de la LEC.

Segundo: Para resolver el presente recurso es preciso tener en cuenta que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, dispone en el art. 518 que "La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución". Pero dicho plazo no es aplicable sin más a éste procedimiento en el que la sentencia se dictó vigente la antigua LEC, en el que el plazo para solicitar la ejecución era de 15 años, pudiéndose alegar por el ejecutado la prescripción. Así, bajo la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, lo venía declarando el Tribunal Supremo en S. de 19-II-1.982, a cuyo tenor, "cualquiera que sea la naturaleza de la acción deducida en juicio la ejecutoria que en este recae constituye un nuevo y verdadero título, con efectos en derecho propios e inherentes a la misma, del que se deriva una acción personal para el cumplimiento de la resolución judicial distinta de la primitiva en que se basó la petición formulada en el pleito; y ello sentado, y no habiendo la Ley fijado plazo especial para el ejercicio de la referida acción, es manifiesto que el plazo para la prescripción de la misma tiene que ser el de quince años a tenor de lo prevenido en el artículo 1964 del Código Civil relacionado con el 1971". En el caso de autos se ha producido un cambio normativo, que en principio no puede tener carácter retroactivo, a tenor del art. del art. 2-3º del C.C.; es decir, hasta la entrada en vigor de la nueva LEC no se podía aplicar el nuevo sistema instaurado, sino el régimen de la antigua LEC, y el plazo de cinco años de caducidad tan sólo se comenzará a computar desde la entrada en vigor de la LEC, es decir del día 8 de enero de 2.001, dado que conforme a su Disposición Final Vigésima primera "La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»"; luego en el caso de autos el plazo de caducidad de aquélla sentencia habría concluido, en su caso, el día 7 de enero de 2.006, por lo que, evidentemente, bajo ningún concepto la sentencia que trata de ejecutar la actora pude considerarse caducada. A su vez, tampoco habría prescrito, puesto que siendo el plazo de prescripción con la antigua LEC de 15 años, al entablarse la solicitud de ejecución en el año 2.002, esto es al cabo de poco más 10 años, se habría interrumpido el referido plazo antes de su término. En consecuencia, es evidente que el recurso debe de ser admitido y por ende debe ordenarse al juzgado a seguir la ejecución por la suma de 12.066,96 € desde el mes de noviembre de 1.997 hasta el mes de noviembre de 2.002.

Tercero: A mayor abundamiento, y en términos generales, hay que tener en cuenta que en el caso de ejecución de procesos matrimoniales no procede la aplicación automática y mecánica que la Juez de instancia ha realizado del art. 518. Ciertamente el art. 776 de la LEC, al regular la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas se remite expresamente a lo dispuesto en le Libro III de la LEC. Ahora bien, no podemos olvidar que en las sentencias de separación matrimonial, divorcio... establecen con carácter definitivo las medidas por las que se van a regir las relaciones económicas y personales de los cónyuges y de éstos para con los hijos en lo sucesivo: de ahí que se fije las pensiones alimenticias y/o compensatorias que uno de los cónyuges ha de abonar a los hijos o al otro cónyuge, pensiones de carácter periódico, cuyo devengo se produce mes a mes. Ello hace que la ejecución de la sentencia se dilate y prologue en el tiempo, mes a mes, año tras año, hasta tanto se mantengan y rijan dichas medidas. Es por ello que lo dispuesto en el art. 518 de la LEC ha de entenderse en el sentido de considerar caducada la acción para reclamar el cumplimiento de determinada medida en los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia, pero, dada la proyección temporal de las medidas definitivas acordadas nada puede impedir que el favorecido por una pensión pueda reclamar su pago o actualización en cualquier momento, si bien limitando su reclamación a los cinco años anteriores.

Cuarto: Que de conformidad con el art. 398 en relación con el art. 394, ambos de la LEC, no se hace especial pronunciamiento sobre las costas del recurso al estimarse la pretensión de la parte apelante.