LA LEY, grupo Wolters Kluwer

Ahora, en este pleito, el hijo mayor, José, solicita prestación de alimentos en la forma expuesta, con fundamento en que con la cantidad que su padre viene entregando a su madre, ésta no atiende debidamente a sus necesidades, por lo que considera más adecuado que su padre le entregue a él la cantidad que solicita, de 240 euros al mes, y que su madre cubra directamente sus necesidades de vivienda, alimentos estrictos y gastos médicos.

El Juzgado, tras rechazar la excepción de cosa juzgada, desestimó la demanda, con fundamento, en síntesis, en que el actor ya percibe una pensión de alimentos en virtud del proceso matrimonial, en que, manteniéndose la convivencia entre el actor y su madre, ésta ha de ser la única perceptora de la pensión de alimentos en tanto no se consume la independencia económica del hijo y en que no se extinguió la obligación de alimentos fijada en el proceso matrimonial por renuncia del hijo, puesto que, de haberse extinguido aquella obligación "a través de su renuncia o petición de los propios padres, entonces sí que hubiera podido entablar la presente reclamación" el propio hijo.

Compartimos en esto el criterio del Juzgado, ya que no puede hablarse de cosa juzgada cuando lo que se resolvió en su momento fue la reclamación de la esposa en el marco de un proceso matrimonial, en el que en consecuencia no fue parte el hijo, ni directamente ni por vía de representación, pues en dicha clase de procesos, cuando uno de los cónyuges reclama alimentos para un hijo mayor de edad, no lo hace por razón de representarlo, ni con ninguna clase de representación tácita, sino por legitimación propia motivada por tener consigo al hijo mayor de edad y, en consecuencia, asumir, directamente, su alimentación y sostenimiento.

Debe entrarse, por tanto, a examinar si es procedente en derecho lo solicitado por el actor y si ha de acordarse en la forma en que lo solicita o en otra distinta.

La primera cuestión que ha de abordarse es la de la necesidad, puesto que, conforme al artículo 261 del Código de Familia, sólo tienen derecho a reclamar alimentos las personas que los necesitan. En cuanto a este punto, se ha acreditado que el hijo ha realizado sólo determinados trabajos a tiempo parcial. De la historia laboral del demandante, que obra al folio 102, se desprende que figuró de alta del 16 de junio de 2001 al 30 de junio de 2002, del 25 de septiembre al 29 de octubre de 2002 y del 2 al 23 de diciembre, también de 2002. Las bases de cotización por el primero de esos trabajos fueron pequeñas, propias de un trabajo a tiempo parcial. En concreto de 374 euros en enero y febrero de 2002, 415 en marzo y 374 en abril, mayo y junio, siempre de 2002. El salario percibido en octubre de 2002 fue de 995,39 euros netos y en diciembre de 748,28, en ambos casos con inclusión de partes proporcionales de pagas extraordinarias.

Con posterioridad no ha vuelto a trabajar, según manifestó el actor en su declaración en el juicio. Dicha declaración se oye con mucha dificultad en la grabación del acto con que cuenta la sala, porque, sin duda por descuido, no se tuvo la precaución de acercar los micrófonos ni al abogado de la señora Lorenza ni al propio demandante. Una vez más ha de advertirse de que las grabaciones deben posibilitar que el tribunal de apelación valore por sí mismo la prueba. Lo contrario puede dar lugar a la nulidad del proceso, al privarse a las partes, de hecho, de la posibilidad de que el asunto sea examinado, plenamente, en la segunda instancia, siendo indudable obligación de los jueces velar por que los actos procesales se documenten debidamente, mediante el adecuado uso de los medios técnicos que la administración pone a su disposición a dicho efecto; extremo sobre el que los abogados de las partes tienen también la facultad (o sea, el derecho y el deber) de llamar la atención a los jueces. Con todo, resulta claro, en este caso, que el actor manifestó que no había vuelto a trabajar, que los trabajos que había realizado habían sido muy eventuales y no hay constancia de lo contrario. También consta que el hijo percibió una beca, cuyo importe parece que fue del equivalente a 50.000 pesetas, que el hijo afirmó había empleado en diversos gastos necesarios y útiles. Puede decirse, por tanto, que el demandante reúne el requisito de necesidad a que se ha hecho referencia.

El segundo requisito imprescindible es que el progenitor a quien se reclaman los alimentos tenga posibilidades de prestarlos, o sea, cuente con recursos suficientes para pagar alimentos sin desatender sus propias necesidades. Ha de tenerse en cuenta que la reclamación la efectúa un mayor de edad y, siendo así, la obligación de prestar alimentos no existe en todo caso (como ocurre con los menores), sino sólo en la medida en que la persona a quien se piden alimentos está en disposición de prestarlos, como resulta con claridad del artículo 271.1.b) del Código de Familia. Por otra parte, cuando, como es el caso, son dos las personas obligadas, cada una ha de prestar alimentos en proporción a sus recursos económicos, según establecen los artículos 264 y 267 del mismo cuerpo legal.

Sorprende, por tal razón, que no se haya practicado la menor prueba en orden a precisar cuáles son los ingresos con que cuenta la demandada señora Lorenza, de manera que resulta difícil que ahora nos pronunciemos sobre la pretensión que se formula frente a ella, por más que dicha señora no haya alegado que carece de ingresos, con lo que no puede decirse que no pueda prestar alimentos a su hijo. Pese a esto último, el desconocimiento del importe de los ingresos de que dispone dicha señora obliga a ser muy prudentes a la hora de reconocer alimentos a su hijo, sobre todo atendida la mayoría de edad de éste.

De otra parte, D. José pide que la obligación de alimentos la cumpla su madre por el procedimiento de prestárselos directamente, en la vivienda familiar, cuyo uso tienen ellos dos atribuido, en unión del otro hijo existente. Pero el artículo 268.1 del Código de Familia dispone que los alimentos han de pagarse en dinero y, si bien el apartado 2 de dicho artículo establece la posibilidad de que la obligación se cumpla recibiendo el alimentante al alimentista en su casa y atendiendo directamente sus necesidades, el repetido apartado 2 dispone que es el deudor de los alimentos el que puede optar por cumplir su obligación de ese modo. Aquí ocurre justo al revés. Es el demandante de alimentos el que pide que se presten en la forma expuesta, por lo que no ha habido opción por parte de la madre, que lo único que ha hecho ha sido oponerse, sin más, al reconocimiento de la prestación de alimentos. Sin embargo, precisamente como la señora Lorenza no se ha opuesto a esa modalidad de cumplimiento de la obligación, no resulta inconveniente a que se entre a considerar si ha lugar a acceder a lo pedido, en los propios términos en que se solicitó o en otra forma menos gravosa para dicha señora. Además, en este caso se da el supuesto (distinto del que se contempla en el artículo 268.2 del Código de Familia) de que el alimentista ya convive, previamente, con la alimentante en la misma vivienda, porque a ambos les fue atribuido el uso en la sentencia dictada en su momento en el proceso matrimonial.

Pues bien, atendiendo a que se ignora con qué ingresos cuenta la señora Lorenza, se considera excesivo que ella haya de abonar los alimentos en sentido estricto y los de índole médica, tal como se solicita, amén, claro es, de los gastos de suministros, gastos derivados del uso de la vivienda familiar, a los que no se hace referencia en la demanda pero que sin duda alguna existen y deberán ser atendidos por la señora Lorenza. En consecuencia, se considera razonable que del total fijado en su día en el proceso de modificación de medidas, el Señor José Ignacio pague a su hijo 150 euros al mes, con actualización anual desde la fecha de la sentencia de primera instancia, mientras que el resto, hasta hacer el total procedente conforme a dicha sentencia de modificación de medidas, sea abonado por el repetido señor José Ignacio, directamente, a la señora Lorenza, de manera que ésta cuente con ese dinero para atender los gastos de alimentos en sentido estricto del hijo y la mitad de los gastos médicos y farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o cualquier sistema de precisión que sea aplicable al hijo, pues imponer el pago de la totalidad de tales gastos a la madre se considera excesivo. Es posible que, con esa cantidad mensual que se ha indicado, el hijo no tenga suficiente para atender a los gastos no alimenticios (en sentido propio o estricto). Pero repetimos que no sabemos lo que gana la madre, la cual ha de atender también a otros gastos, entre ellos los concernientes al otro hijo, que aparentemente es aún menor de edad.

Nos parece evidente que, resolviendo en esta forma, no incurrimos en incongruencia por la circunstancia de no imponer al señor José Ignacio el pago de aquello con lo que se conformó, pues lo que se hace es disponer que, del total que el mismo viene obligado a pagar por razón del proceso matrimonial, abone una parte a su hijo, pero sin que se le exonere de pagar el resto, que deberá pagarlo a su todavía esposa, por razón de lo establecido inicialmente.